Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón muestran su rechazo a la restricción de la protesta pacífica en España

Lo que la  nueva Ley no persigue es evitar los casos de
violencia de las fuerzas del orden, incluso limita 
la capacidad de obtener pruebas sobre la brutalidad 
policial restringiendo el derecho a la información. 

Las tres ONG se han reunido con el secretario de Estado de Seguridad para analizar el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional, Mario Rodríguez, director de Greenpeace y José María Vera, director de Oxfam se han reunido esta mañana con Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, para analizar el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En la reunión, las tres ONG han manifestado su rechazo frontal a las nuevas restricciones de la protesta pacífica que hace el anteproyecto.

Los tres representantes han recordado al Secretario de Estado que la protesta pacífica está amparada por el derecho internacional y que no puede ser objeto de persecución ni de sanción, por lo que le han pedido que renuncie a cualquier modificación legislativa que, tanto por un aumento en la cuantía de las multas como por la limitación de la presunción de inocencia o la persecución de conductas amparadas por el derecho internacional, pueda tener un impacto negativo en los derechos fundamentales, y muy especialmente en el derecho de reunión y en la libertad de expresión.
Por otra parte, también han transmitido al Secretario de Estado que la despenalización de ciertas faltas en el Código Penal no debe significar su mayor sanción por la vía administrativa, ni la inclusión de sanciones para otras conductas relacionadas con la protesta pacífica.
El Secretario de Estado se ha comprometido a volver a reunirse con las tres organizaciones antes de que el borrador de proyecto de ley sea llevado al Consejo de Ministros y después de recibir los dictámenes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones con las que están consultando el cambio normativo.
Fuente: Nota de prensa conjunta de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón.