Escaladores de Greenpeace han desplegado esta mañana dos pancartas de 27 m2 cada una en la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid con los mensajes “Stop Garoña” y “Stop nucleares”. Además otro grupo de activistas portaba una pancarta en la que se podía leer “Por un CSN independiente”. La acción está teniendo lugar previamente a la celebración del pleno que el organismo regulador tiene cada miércoles. Plenos en los que se tratan, entre otros temas, la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de toda la Unión Europea.
Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, después de que en el último pleno celebrado el miércoles 3 de febrero aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a Garoña para operar hasta los 60 años. Con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento -todos los grupos parlamentarios menos el PP-, que el pasado martes 2 de febrero pidió a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN.
Greenpeace denuncia que las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del Partido Popular del que proceden tres de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como Secretario de Estado de Energía, decisión muy cuestionable teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que éste es independiente de la Administración General del Estado. Entre las tareas de Fernando Marti como Secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN.
Además, el tercer consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en una maniobra que les ha permitido dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones.
Unido a esta acción Greenpece ha lanzado hoy una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares.
"El Consejo de Seguridad Nuclear no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente. Es inaceptable que el presidente del CSN continúe con el proceso, después incluso de que el Parlamento le haya pedido la paralización. El presidente ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular", ha declarado Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.
La actual es una situación sin precedentes en España, ya que es la primera vez que se plantea llevar la vida de una central nuclear hasta los 60 años. Tras la decisión del CSN de continuar con el proceso de reapertura Greenpeace considera que detrás de esta maniobra hay intereses económicos y políticos que no deberían anteponerse a la seguridad de las personas. La CN de Garoña es la más vieja de la Unión europea, y tras tres años parada ha quedado demostrado que no es necesaria para el suministro energético de nuestro país. El propio CSN ya reconoció que Garoña no es segura, estableciendo un paquete de medidas muy exigentes para que la vieja central pudiera reabrir sus puertas. Actualmente, se están emitiendo informes que podrían rebajar los estándares de seguridad y los propios técnicos del CSN han denunciado la falta de independencia y transparencia para evitar situaciones como la que vive actualmente: la de un “regulador capturado”.
Greenpeace pide que se ponga freno de una vez al proceso de evaluación de la reapertura de Garoña y considera que el presidente del CSN no debería continuar en el cargo. Ha quedado demostrado que sus decisiones no están siendo tomadas de manera independiente a la Administración General del Estado, desobedeciendo incluso al actual Parlamento.
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