-El hotel Algarrobico © Greenpeace- |
La contradictoria sentencia del pasado mes vulnera 20 pronunciamientos judiciales a favor de la ilegalidad del hotel, además de leyes nacionales e internacionales. Esta sentencia especialmente:
- Contradice la sentencia firme con fecha 11 de junio de 2012 del TSJA que restableció el suelo de El Algarrobico al nivel de protección de 1994, es decir "área natural de interés general".
- Ignora la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2011 que acuerda proteger El Algarrobico como área natural.
- Crea inseguridad jurídica al contradecir la sentencia de la misma sala del TSJA de 17 de marzo de 2008, por las que se paralizaron las obras del hotel por estar en Espacio Protegido.
- Crea inseguridad jurídica al contradecir una sentencia de 2013 del TSJA que permite inscribir los terrenos de El Algarrobico en el Registro de la Propiedad a nombre de la Junta de Andalucía.
- Incumple el derecho comunitario, pues estos terrenos han sido declarados red Natura 2000, por ser un espacio de valores naturales únicos en Europa y que obliga a que los Lugares de Importancia Comunitaria sólo se pueden urbanizar por razones de interés público.
- Es contradictoria con las figuras de protección internacional del Cabo de Gata bajo el amparo de Naciones Unidas como el Convenio Ramsar, el de Barcelona o la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
- Incumple las leyes nacionales, específicamente Ley del Suelo y la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La Ley del Suelo exige que para desproteger los terrenos en Espacios Naturales Protegidos no puede ser por la mano del hombre, como ha sucedido en El Algarrobico. La segunda Ley, exige que se someta a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos como el plan parcial del Ayuntamiento de Carboneras que pretende urbanizar este sector y los colindantes;
- Si se modifica el nivel de protección de la zona protegida, ya publicado por la Junta de Andalucía, se tendría que seguir el trámite correspondiente de información pública y publicarse en el Boletín Oficial.
- Por último, una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo impide dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme que modifique una disposición general, porque afecta a la seguridad jurídica.
Para este recurso Greenpeace ha tenido que pagar 1.290 euros, debido a la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el Ministro Gallardón, lo que supone un nuevo escollo por la lucha ecologista en El Algarrobico y encarece notablemente un proceso cuyo final todavía es incierto y que dura 25 años de ilegalidades.
"El hotel ya es ilegal. Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. "La primera tarea del nuevo Ministro de Medio Ambiente debe ser desmantelarlo. La demolición debe ser inmediata tal y como recoge el acuerdo firmado por la Administración central y autonómica en 2011", concluye Marcos.
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